Los contribuyentes, saqueados por políticos y sindicalistas
DANIELE GRASSO resume el informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los costes de las carreteras que han recibido asignación de fondos comunitarios. La conclusión eriza los vellos. El coste medio por uso real de las autopistas españolas ha sido cuatro veces superior al de Alemania. Entre Polonia, Grecia, España y Alemania se repartieron 39.951 millones de euros. Nuestra nación lidera el gasto: casi 500.000 euros los mil metros cuadrados. Si se compara ese coste con la intensidad media de los vehículos que circulan por las autovías, el resultado, en efecto, multiplica por cuatro nuestra diferencia con Alemania. ¿Son los trabajadores y constructores españoles peores que los europeos? No. Las comisiones, las mordidas, las exigencias sindicales, el despilfarro endémico están en el fondo de la desmesura.
Los lectores de EL MUNDO han sido copiosamente informados a lo largo de los últimos años de la construcción o utilización de innecesarios edificios suntuosos, de aeropuertos sin aviones, de estaciones y ferrocarriles sin viajeros. Se trata de gastar y gastar para arramplar con comisiones y mordidas. Es el trinque permanente de la picaresca política y sindical. ¿Para qué si no se construyó un aeropuerto absurdo en Ciudad Real? Costó 1.000 millones de euros y ha entrado ahora en liquidación por 100 millones, una cifra diez veces por debajo del despilfarro que supuso la construcción del descomunal aeropuerto y cinco veces menor de la deuda acumulada: 529 millones de euros.
Se trata solo de un botón de muestra, la punta del iceberg de los abusos de políticos y sindicalistas, que están esmeradamente atentos siempre, y con tenaz dedicación, a consumar sus negocietes con dinero público. El primero de esos negocietes es la financiación del gasto consuntivo de los propios partidos y sindicatos que, al 90%, se hace con el saqueo del bolsillo de los ciudadanos. Por poner un ejemplo, el Partido Popular gastó en 2011 la cantidad de 133.598.250 euros, ingresando por las cuotas de sus afiliados solamente 12.303.879 euros.
Los entes duplicados o triplicados de las cuatro Administraciones –la central, la autonómica, la provincial y la municipal– nos cuestan 1.500 millones adicionales, como ha demostrado Roberto Pérez en un minucioso informe. Los doce defensores del pueblo suman casi 43 millones de euros; los servicios de estadística, 240; los institutos cartográficos, 56; los Tribunales de Cuentas, 128; los consejos económicos, 21; los consejos de la juventud, 2,5; los Tribunales de la competencia, 20; los consejos consultivos, 40. Y las radiotelevisiones públicas, 1.193 millones.
Todo ello por no hacer referencia al escándalo de las «embajadas» en el extranjero y a la «política exterior». Cataluña derrochó 11,5 millones de euros; el País Vasco, 7,5 y Andalucía, 7,43, por subrayar tres ejemplos significativos. Sobran, además, cerca de la mitad de los empleados públicos y el 90% de los asesores, colaboradores y asistentes, un ejército de enchufados escogidos con esmero entre los parientes, amiguetes y paniaguados de los partidos políticos y los sindicatos. Se despilfarra también el dinero público en las cerca de 4.000 empresas, casi todas innecesarias, casi todas deficitarias. Y se derrocha en los incontables edificios públicos y en el descomunal parque de automóviles. Mientras Cameron y Hollande han suprimido los coches oficiales individuales incluso para los ministros, en España cualquier concejal, sin descontar los de ciudades pequeñas, cualquier cargo menor de las cuatro Administraciones, dispone de su automóvil y chófer a cargo del erario público. Mucho me temo, en fin, que tras maquillajes menores proseguirá con el mayor cinismo el saqueo de los contribuyentes españoles.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.